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11/08/2010
ZONA ROJA INFANTIL
Carne de cañón

 

Ni la Policía Federal, ni la Justicia, ni el Gobierno porteño reprimen la prostitución infantil en plena calle. Hay zonas liberadas alrededor de la cancha de Huracán. Los concluyentes datos de un informe de la Asesoría Tutelar de Menores.

Por Lucas Schaerer 

Depósitos, embotelladoras y galpones para micros; avenidas anchas por las que corre un pesado tránsito de camiones. Ahí, en ese lugar, Buenos Aires tiene su pasarela pública de la explotación sexual comercial infantil. 

Así como existe la esquina de los esclavos (Cobo y Curapaligüe, en el Bajo Flores, donde los costureros se ofrecen para capataces de talleres clandestinos), a metros del club Huracán existe la esquina donde cualquiera puede "levantar" un nene de ocho años que se prostituye. 

En los cruces de Amancio Alcorta y Perito Moreno, frente a la Villa Zabaleta y una estación de servicio, los chicos están a la espera. Tras varios años en los que se denunció la cotidiana prostitución de menores y adolescentes, ahora los chicos fueron movidos hacia las calles internas, como Pepirí.

Noticias Urbanas accedió en exclusiva al informe de la Asesoría Tutelar que demuestra que por esas calles del sur, durante veinte días, entre la mañana y tarde, sin incluir sus noches y los fines de semana, desfilaron como víctimas de la explotación sexual un total de 127 chicos y adolescentes. 

Para sorpresa de los investigadores, se vio a 78 varones y a una sola travesti. Hay menores abusados a cambio de dinero que tienen seis años, o sea la misma edad de los niños que por primera vez se ponen el guardapolvo blanco. La investigación determinó que nueve chicos, de entre seis y diez años, estaban bajo el yugo de la explotación sexual comercial. La mayor cantidad de pibes explotados tiene entre 14 y 18 años; en total son 50. De estos, contra lo que podría suponerse, 32 son varones.

“En el cuadro (ver tabla) se demuestra que la diferencia más importante se observa en los adolescentes de 14 a 18 años (categoría C) donde la población masculina abusada duplica a la femenina, y en la franja de púberes (categoría B, de 11 a 13 años) donde ocurre lo contrario. Este dato resulta llamativo si se cruza con la información obtenida de las entrevistas, en donde se señala que la mayoría de las víctimas de explotación sexual comercial infantil conocidas por las ONG se encuentran dentro de esta franja (13 años, mujeres)”, se dice en el informe que, además, advierte que los llamados clientes son consumidores de cuerpos infantiles que, particularmente en este barrio, se presentan de modo devastado por los padeceres cotidianos. Traducción: a estos clientes los excita abusar de chicos desamparados.

Años atrás se publicaron investigaciones periodísticas sobre la prostitución infantil relacionada al consumo de paco en Pompeya. Las notas periodísticas acerca de estos delitos impunes derivaron en amenazas. Las intimidaciones llegaron a vecinos y miembros de la iglesia católica en la villa 21-24 que dirige el cura José María Di Paola. A punta de pistola un oficial de civil los amenazó de muerte, y la brigada realizó varios seguimientos a los denunciantes. 

El punto culminante fue el allanamiento del grupo GEOF a una capilla ubicada dentro de la villa, en busca de armas que, obviamente, nunca fueron halladas en el santuario religioso. En ese momento, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, se comunicó con el ministro del Interior, Aníbal Fernández y las intimidaciones finalizaron. Pero, desde entonces, nadie se anima a denunciar en la Justicia ni ante los medios de comunicación la explotación sexual de los menores que ocurre a plena luz del día. 

DEJAR HACER, DEJAR PASAR

La Asesoría Tutelar convocó a las comisarías 32 y 36, que derivaron el tema a jefatura de la Policía Federal, comandada por Néstor Valleca. El jefe de la Federal negó las entrevistas entre los funcionarios que velan por los menores y los comisarios que deben ser el instrumento de la Justicia para reprimir los delitos. 

Entretanto, la fiscalía de Pompeya no permite el acceso a los expedientes judiciales por parte de la Asesoría Tutelar en los casos de explotación sexual. “La fiscalía la dirige un ex comisario” es el rumor que corre entre las organizaciones sociales y religiosas del sur. 

Mientras, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil (UFI-Integridad Sexual), que depende del procurado general de la Nación, Esteban Righi, casi no figura en la investigación, algo contradictorio con su propia tarea y con el aporte económico que realiza el Gobierno porteño al funcionamiento de esta institución nacional. 

A la vez, en el Gobierno porteño, según la investigación, “se da una difícil articulación entre los organismos de Salud y el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Mientras que es imposible con los juzgados y la Policía Federal”. La falta de coordinación va de la mano de la negativa por los altos mandos de la gestión PRO de poner el tema en agenda. Aún se mantiene bajo siete llaves una publicidad televisiva que condena la explotación sexual comercial infantil. 

Muy pocos saben que en el Ministerio de Desarrollo Social porteño existe un programa de Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI), tanto callejera como en locales o departamentos privados, que, desde noviembre de 2008 hasta abril de 2009, asistió a un total de 73 niñas, niños y adolescentes en situación de explotación. 

El responsable de esa área fue Miguel Sorbello, que se retiró, decepcionado, de la gestión macrista. Este medio intentó en reiteradas oportunidades contactar al ex funcionario pero se niega a hablar con la prensa. Sí lo hicieron otros miembros del programa, con la condición de que no se grabe la entrevista ni se difundan sus identidades. 

“Sorbello se fue porque la gestión nunca puso en agenda la prostitución infantil. Se iba a hacer una conferencia de prensa con un gravísimo caso de explotación en la Boca pero nunca se hizo, dieron marcha atrás. Sí se ha denunciado penalmente, pero esa causa quedó en nada. Tampoco el macrismo quiere divulgar una propaganda televisiva respecto al tema”, afirmó un funcionario del PRO.

Los integrantes del programa de Explotación Sexual Comercial Infantil del Gobierno porteño expresaron a este medio que existen otras formas de ESCI ligadas a la trata de personas que terminan en departamentos privados o cabarets. 

“Me acuerdo que denunciamos un prostíbulo por tener menores y después acompañamos el allanamiento con Gendarmería. Era en una casa con primer piso. A mitad de pasillo había una puerta de rejas y una camarita que filmaba. En el primer piso estaban los cuartos. Hallamos un cuaderno de contactos en el que estaba anotada media comisaría. Estaban tanto los celulares de la brigada como el del comisario. Eso confirmó lo que hasta al momento suponía. Al final, no encontramos ninguna menor pero una chica de 21 años me dejó helado. Me dijo: ‘Llegaron tarde. Desde los 15 años que estoy en los prostíbulos’”, confió un funcionario.

PARA LA LEY, UNA PERSONA ES UNA VACA

Si se trafican personas, los que son atrapados reciben los mismos años de prisión. El código penal lo deja bien claro. En su artículo 167 (quater) se refiere al abigeato, que es el robo de ganado, mientras que en su artículo 145 bis habla de la trata de personas. En esos dos artículos se considera las penas de cuatro a diez años por hurtar vacas y los mismos años de prisión si alguien captara y trasladara a humanos para ser esclavizados o reducidos a la servidumbre. 

En el ámbito judicial la situación no parece mejorar. Todo lo contrario. Hace casi un año los jueces Eduardo Freiler y Eduardo Farah, de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, se ampararon en el artículo 19 de la Constitución –que dice que una actividad que no afecta a terceros no es delito– para declarar inconstitucional el artículo 17 de la Ley de Profilaxis, abriendo de esta manera la puerta para la legalización de las casas o locales de prostitución regenteadas por terceros. 

Los camaristas de la sala I del fuero federal se convirtieron en la vanguardia por la legalización de la explotación sexual de dos o más mujeres en las llamadas casas de tolerancia. La causa “Rojas, Isabel” desde hace meses se encuentra en la sala III de la Cámara de Casación Penal Federal. 

El tercer hecho que favorece al crimen organizado es la falta de condenas por la ley de lavado de dinero. Nadie se encuentra entre las rejas por ingresar y hacer circular en la economía legal las fortunas que dejan por ejemplo 813 prostíbulos o 3 mil talleres textiles clandestinos en la Ciudad. Hasta la prestigiosa organización italiana Libera denunció que las mafias italianas lavan en la Argentina dinero del narcotráfico y la trata de personas. 

Ante esta situación, la esperanza de las organizaciones antitrata es lograr los cambios a la Ley de Trata. En la Cámara de Diputados de la Nación, el último martes se realizó la primera audiencia pública para mejorar la ley contra los traficantes de personas. 

Treinta diputados nacionales escucharon a víctimas de la trata, tanto laboral como sexual. Parlamentarios de diversos bloques, por nombrar algunos, Héctor Recalde (hombre de la CGT en la bancada del FPV), Juliana Di Tulio (FPV, impulsora de la original ley de trata que nunca fue reglamentada por la Presidenta) y Fernanda Gil Lozano (referente en el tema desde la Coalición Cívica), escucharon a diversas víctimas de nacionalidad boliviana que estuvieron esclavizados en talleres o granjas avícolas, y a madres de adolescentes y adultas secuestradas para la esclavitud sexual en los prostíbulos.

Tras la audiencia, varios diputados aseguraron que dentro de dos semanas saldría un dictamen por mayoría para luego llevar el proyecto de modificación al recinto. Las propuestas de las organizaciones antitrata apuntan a quitar la figura del consentimiento para los adultos, reformular el programa de rescate y asistencia a las víctimas, avanzar en la confiscación de bienes de las redes mafiosas con fines sociales, inhabilitar a funcionarios y ex funcionarios vinculados al delito de trata, y formular un programa nacional de búsqueda de personas. La envergadura de la trata puede alcanzar cifras espeluznantes. La cantidad de menores bolivianos traficados a la Argentina, sólo en 2007, alcanzó 15 mil, según funcionarios de ese país.

“El Código Penal protege más al ganado del estanciero que la libertad del peón”, definió ante Noticias Urbanas el abogado penalista especialista en trabajo esclavo Mario Ganora, al comparar los castigos que, en el Código Penal, promueven el artículo 145 bis por trata de personas y 167 quater por robar una vaca.  

 

Autora / fuente:
http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=94c34b113493aee2f23bc0585eb2898d
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