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15/11/2011
Es constitucional la figura del “menor-querellante”, dice el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén


La figura del defensor o defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes como querellante en las causas por delitos contra la integridad sexual “no contradice la normativa nacional y supranacional que rige la materia”.
Esa facultad otorgada a la defensoría “configura un tema de política criminal, razón por la cual, su participación en delitos cuyas víctimas sean menores de edad, esté o no regulada en el rito local, no contradice la normativa nacional y supranacional”.
Así lo expresa un fallo de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia, que parece poner fin a la controversia iniciada cuando la Cámara Provincial de Apelaciones decretó la inconstitucionalidad del artículo 96 ter del Código Procesal Penal con aquella ya famosa definición: “El estado no puede tener dos brazos para ejercer la persecución penal” (veraquí).
La postura del Tribunal fue fijada en la causa “R.,E.E. y R.,V.N. sobre abuso sexual con acceso carnal agravado”, al rechazar un planteo de la defensa de los imputados.
Se conoce justo cuando está a punto de comenzar el debate legislativo del nuevo Código Procesal Penal, que incluye la figura del “menor querellante”, como se la conoce (un resumen de todo lo publicado en el blog sobre el tema, aquí).
Con los votos de Graciela Martínez y Guillermo Labate, la sala penal del TSJ expresó:

El 27/08/08 se sancionó la Ley 2605 que incorporó el Art. 96 ter al C.P.P. y C. que expresamente admite, en casos de delitos contra la integridad sexual, la intervención del Defensor de los Derechos del Niño y Adolescente, en representación de los intereses de la víctima menor, con las mismas facultades reconocidas al querellante particular, y aún cuando los representantes legales de la víctima se presenten en ese carácter.
La intervención que se debe dar a la Defensoría del Niño y del Adolescente es obligatoria por cuanto, su no intervención se encuentra conminada con sanción de nulidad -absoluta-. Asimismo, atento la remisión que hace el texto de la ley al artículo 59 del Código Civil. En tal sentido, el legislador neuquino consideró ‘necesaria’ y ‘esencial’ dicha intervención en las causas penales donde las víctimas por delitos contra la integridad sexual son menores de edad; convirtiendo así al respectivo funcionario en un sujeto imprescindible en este tipo de procesos, sin perjuicio de tener las facultades de un sujeto eventual, tal como lo es el querellante particular.
    Igualmente, su falta de intervención conlleva la violación de garantías constitucionales previstas en tratados internacionales constitucionalizados -Art. 75, inc. 22, de la C.N.-, por ejemplo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en la que se establece que: ‘Artículo 3.1. En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a que se atenderá será el Interés Superior del Niño’.
En síntesis, la intervención necesaria en la ley ha sido prevista para resguardar los ‘intereses de la víctima menor’, por lo que su no intervención violenta la norma constitucional apuntada.
Atento lo dicho, de la interpretación armónica e integradora de la totalidad de la normativa que rige la protección de los derechos de niños/as y adolescentes se deduce que la incorporación de esta figura no se contrapone con la misma, sino que coadyuva a hacer efectivos los derechos y garantías previstos en ella. “Por un lado traduce la garantía de la defensa en juicio y debido proceso prevista en el art. 18 de la Constitución Nacional, y asimismo responde a las pautas de la Convención de los Derechos en cuanto una mayor protección y defensa de los derechos, responde al ‘interés superior del Niño’ (art. 3 CDN), posibilita y garantiza ‘el derecho a ser oído’ (art. 12 CDN) como asimismo integra el contenido de la ‘protección y asistencia especial’ que debe garantizar el Estado (art. 20 y cc. CDN).
    En el mismo sentido las (…) Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, donde se estableció que: ‘Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo’.
    Por su parte, la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes N° 26.061, mantuvo la figura del asesor de incapaces y no la consideró incompatible con el Sistema de Protección Integral de Derechos, ya que no derogó ni modificó ninguno de los artículos del Código Civil que disponen su intervención, aún habiendo creado la figura del abogado del Niño. Así lo declara expresamente el Decreto 415/06 Reglamentario de la Ley 26.061 al decir: ‘El derecho a la asistencia letrada previsto por el inc. c del art. 27 incluye el de designar un abogado que represente los intereses personales e individuales de la niña, niño o adolescente en el proceso administrativo o judicial, todo ello sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el Ministerio Pupilar” (Cfr. Casey, María Inés: “Los niños víctimas de delitos y el rol del asesor de incapaces en el proceso penal”, publicado en LLNOA 2011 (febrero), 1)..
En consecuencia, la figura del Defensor del Niño/a y Adolescente -Art. 96 ter del C.P.P. y C.-, incorporada por Ley 2605 no contraviene la normativa constitucional y supranacional que rige la materia..
Sin perjuicio de lo expuesto, somos de opinión que la figura del Defensor de los Derechos del Niño y Adolescente prevista en el Art. 96 ter del C.P.P. y C. configura un tema de política criminal, razón por la cual, su participación en los delitos cuyas víctimas sean menores de edad -esté o no regulada en el rito local- no contradice la normativa nacional y supranacional mencionada ut supra”.

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