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14/12/2011
ASAPMI REPUDIA


 
         Una vez más la realidad ha superado cualquier intento imaginativo en materia de ataques a niños, mujeres y ancianos que los llevaron a la muerte.
         Simultánea y curiosamente, a pocos días de recordarse el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y el Día Internacional de los Derechos Humanos, dos hechos ocurridos, uno, en General Pico, Provincia de La Pampa, y otro en General Las Heras, Provincia de Mendoza, marcan la diferencia abismal que separa tan loables propósitos de la comunidad internacional y local, con la crudeza de la realidad que nos interpela.
         En ambos casos quienes sufrieron los embates son sujetos en situación de vulnerabilidad: tanto la mujer asesinada por su pareja, como los ancianos y niños involucrados en Mendoza.
         No es la primera vez que ASAPMI condena episodios como éstos aunque, en esta ocasión se permite señalar enfáticamente: para que hechos como éstos puedan prevenirse y tratarse adecuadamente, habrá que profundizar el análisis sobre las estructuras en las que reposan los sistemas de protección.
         Las reformas legislativas que ajustaron nuestras normas en el orden nacional y local, si bien contienen los lineamientos adecuados en materia de reconocimiento de los derechos de los sujetos vulnerables, no articulan herramientas sólidas en la dimensión operativa, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial.
         La provincia de Mendoza fue la primera en adecuar su normativa a la Convención sobre los Derechos del Niño, en tanto que La Pampa posee una ley sobre Violencia Familiar de avanzada, imitada en varios proyectos posteriores. Sin embargo y paradójicamente en esos lugares se dan estos hechos de extrema crueldad, generando verdadero estupor y posibilitando que sectores profundamente retrógrados reclamen puerilmente mano dura para superar y prevenir estos episodios.
         Hemos afirmado en diferentes oportunidades, que la mera sanción de una ley no basta para que produzca los efectos que persigue. Sobre todo en esta materia en la que las normas, si bien orientan y esclarecen, no pasan del terreno de la mera declamación.
         Basta observar la escasez de recursos que tiene cada una de las provincias y la Nación misma, y que no se limitan al aspecto presupuestario. Los operadores en el nivel de intervención, en términos generales, no tienen la formación adecuada y mucho menos permanente, y en la inmensa mayoría de los casos ni siquiera poseen estabilidad laboral. Ya hemos señalado desde esta institución que en primer lugar no existe un sistema adecuado de selección de los profesionales y operadores que deben llevar a cabo tan cara tarea. También es cierto, no existen las remuneraciones acordes a tamaña responsabilidad. Tampoco los mismos reciben la capacitación, actualización, supervisión y revisión constante que merece la problemática y mucho menos la contención que la tarea exige para evitar el desgaste profesional.
Ello lleva en muchos casos a la no detección de evidentes y graves situaciones de riesgo, a la invisibilización del maltrato y el abuso intrafamiliar y, en algunos casos, a la negación, minimización y/o justificación de situaciones tan graves como el abuso sexual intrafamiliar, negligencias severísimas y malos tratos físicos importantes.
         Por las noticias periodísticas que nos llegan, en ambos casos los allegados a las víctimas sabían de la situación de extrema vulnerabilidad en que se encontraban y, sin  embargo, no solamente nada se hizo sino que fue la propia autoridad jurisdiccional pampeana y las omisiones en el orden proteccional de Mendoza, las que posibilitaron tan trágico desenlace.
         En esta hora en que pareciera que el Estado intenta tener más presencia, reclamamos a viva voz que se instrumenten mecanismos operativos en las áreas de protección a sujetos vulnerables con recursos humanos sólidos, capacitados y estables laboralmente, capaces de darles continuidad en el tiempo y calidad a sus aportes en todas y cada una de las intervenciones.
         Creemos que debe superarse esta suerte de malversación de la palabra protección y sus implicancias. Nuestra experiencia nos indica que intervenir en una situación de desvalimiento de niños/as, mujeres y demás sujetos vulnerables no significa victimizar a la familia o a alguno de sus integrantes, por separar a la víctima para su protección.        
Nuestro reclamo se centra en que el Estado  incremente inmediatamente, servicios y recursos en materia de protección, como asimismo y en los mismos niveles debe hacerlo en el área de educación. Somos conscientes que con la sola educación no basta, como tampoco con la mera ayuda económica. Con pesar debemos señalar que muchas familias y personas están sufriendo en estos momentos los embates de situaciones altamente conflictivas en su entorno cotidiano, que muchas veces tienen poco que ver con lo meramente material.
Las manifestaciones de la violencia no son patrimonio de determinados sectores sociales desfavorecidos, se encuentran también en personas de todos los estratos sociales y culturales, así como en las  instituciones que no cumplen adecuadamente su función protectora y garante de los derechos que corresponden a todo sujeto como tal.
La integridad de personas con capacidades diferentes, niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y hombres víctimas de violencia intrafamiliar, es responsabilidad no solo de la familia nuclear, de la familia ampliada, de la comunidad, sino principalmente del servicio de justicia y de los organismos administrativos que deben responder a los mandatos y directrices perfectamente establecidos y delineados por las normas del derecho comunitario actualmente vigente.
No se puede continuar en una declamación mántrica y perversa de los derechos personalísimos – como el derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad física y emocional, a la inocencia… -, cuando por acción y/u omisión de los poderes constituidos asistimos a un flagrante incumplimiento de los mandatos consagrados en el derecho internacional y en el derecho regional.  
COMISION DIRECTIVA
Dra. María Inés Bringiotti      Lic. Patricia Elena Visir
    Secretaria                              Presidenta

 

 

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  Comentarios  
 
Nombre: True Religion 15/12/2011
Comentario: http://actonforum.com/blogs/charlieaf/day-care-facility-262-kids-intersection-routes-2-and-27-still-bad-idea#comment-3317
 
     
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