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12/12/2008
Que debemos esperar de una ley Penal Juvenil
por Leonardo Martínez (Abogado)

        Debemos comenzar nuestro análisis, que no tiene la intención de ser exhaustivo,  por describir cual es la situación actual de la legislación penal de los jóvenes menores de 18 años y cual es el contexto social en el que la misma se aplica. Finalmente en el encuadre de situación es de suma importancia el papel que cumple la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia a través del Programa Nacional de Justicia (PRONAJU), para poder evaluar los programas que ofrece, la calidad de los mismos, y en general los recursos ya sea de dispositivos de asistencia, alternativos al encierro, o la situación de los Institutos de Menores.

        La situación de los jóvenes en conflicto con la ley penal, se encuentra actualmente regulada por la ley 22.278, norma esta sancionada en plena Dictadura Militar, y que se enrola en el paradigma del patronato vigente por entonces, dándoles a los jóvenes la calidad de objetos de derecho, ya que se inspira en la ya derogada Ley Agote (10.903), otorgándoles a los magistrados amplísimas facultades tutelares. Esta norma debería haber sido derogada a principios de los años 90, ya que en 1990 entra en vigencia en nuestro país, la Convención Sobre los Derechos del Niño, tratado que colisiona abiertamente con la citada ley. Mas grave fue aun, a partir del  año 1994, en el marco de la Reforma Constitucional, se le otorga a varios tratados, entre los que se encuentra la citada Convención,  rango constitucional, contemplándolos en el articulo 75 inciso 22 de la reformada Constitución, pero aun así y a pesar de los discursos, la ley 22.278 continua vigente en la actualidad, chocando ya no solo con la Convención, sino también con nuestra Constitución Nacional.

        A nivel nacional la justicia de menores esta organizada por Juzgados de Menores (integrados por un solo Juez, encargados de la investigación del hecho y aun del juicio en los hechos con pena menor a 3 años) y por los Tribunales de Menores (integrados por tres Jueces, que llevan adelante los juicios a los jóvenes). Internamente tanto el Juzgado como el Tribunal poseen como mínimo dos secretarias, una Actuaria (encargada de investigar el hecho y/o realizar el juicio) y la otra Tutelar (es la que dispone a los jóvenes). Es precisamente en el uso de las facultades tutelares otorgadas a los magistrados, donde se provocan la mayor cantidad de abusos y afectaciones de derechos constitucionales y violación de Tratados Internacionales (entre los que debemos citar mas allá de la Convención, las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), por parte de los Jueces de Menores. La metodología es disponer al joven, que se encuentra, según los criterios judiciales, en alguna de las situaciones descriptas por la norma, esto es en una situación “de abandono, falto de asistencia, en peligro moral o material o que presenta problemas de conducta” y fundado en ellas, el Juez puede entrometerse en la vida de joven y su familia, ordenando un tratamiento que puede llegar aun a su “internación” en institutos de seguridad, sin plazos de ningún tipo y dependiendo de la “discrecionalidad” de las secretarias tutelares de los Juzgados.

        Es aun mas clara la vulneración de derechos de los jóvenes sometidos a procesos judiciales, que se encuentran comprendidos en la franja  de los no punibles, es decir los que se encuentran acusados de cometer un delito y son menores de 16 años o los menores de 18 acusados de cometer hechos con pena menor a 2 años o delitos de acción privada. En este caso los juzgados se limitan a comprobar el delito en el expediente que tramita en la secretaria actuaría (la que investiga el hecho) y el expediente se cierra ya que el joven por su edad o por el hecho, es no punible, pero sigue interviniendo la Secretaria Tutelar del Juzgado, quien tiene la facultad de disponer al joven, ordenando algún tratamiento que puede incluir aun la internación en el Instituto San Martín, instituto este con un régimen semejante a los Institutos Rocca, Agote, Belgrano e Inchausti, es decir con rejas por doquier y personal de seguridad, para “cuidar” a adolescentes que no tienen causa penal en tramite.   

        Es en función de esta situación descripta, que a raíz del plateo de un Habeas Corpus presentado por Fundación Sur, ante la situaron irregular de “internación” de los adolescentes alojados en el Instituto San Martín, la Cámara de Casación Penal, en el mes de diciembre del 2007, dándole la razón a la citada Fundación, se pronunció sobre esas “internaciones irregulares” ordenando que en un plazo de 90 días, se disponga el egreso de los jóvenes alojados en el Instituto San Martín y en el peor de los casos se de intervención a la Justicia Civil, para que a través de la ley 26.061, disponga de ser necesario una medida excepcional, esto es la internación del joven, medida esta que debe ser fundada y tiene un plazo de 90 días, y su renovación debe también fundarse.  Ante este fallo, el representante de Ministerio Publico Fiscal, apelo la medida, y la Corte Suprema ante ese planteo suspendió el fallo de Casación hasta que se expida sobre el fondo de la cuestión, quedando por lo tanto la situación en el estado anterior al Habeas Corpus.

        Respecto del contexto social donde todo esto se desenvuelve, resulta hoy imposible no hacerse cargo del criterio seleccionador con el que se maneja el derecho penal, herramienta de control social por excelencia, que apunta toda su furia a los sectores más bajos de nuestra sociedad. Los jóvenes a los que selecciona provienen de los sectores excluidos, que mas sufrieron las políticas neoliberales que fragmentaron nuestra sociedad. Son jóvenes expulsados del sistema educativo, que tienen carencias de todo tipo, que no consiguen trabajo, y que se criaron en la cultura del destrabajo por la que atravesó nuestro país en las ultimas dos décadas. La falta o escases de políticas de niñez, tanto para la restitución de derechos como para intentar un trabajo preventivo, que le de opciones a nuestros jóvenes, concluyen en la receta que venimos aplicando desde hace décadas, la mágica solución pasa por el derecho penal, viene a solucionar los conflictos con sus herramientas represivas, en pocas palabras se intenta solucionar los conflictos de la exclusión con cárcel y control social.

        En el análisis que venimos llevando adelante nos queda evaluar cual es la actuación de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia a través del PRONAJU, en relación a los jóvenes en conflicto con la ley penal.

        El PRONAJU, cuenta con distintas alternativas para ofrecerle a los jueces ante la disposición tutelar de un joven, entre ellas se encuentran bajo su orbita los Institutos de Menores, Belgrano, San Martín, Agote, Inchausti y Rocca en el que también funciona  el Centro de Admisión Penal. En cuanto a los dispositivos abiertos, se encuentran las Residencias Educativas que son Almafuerte, Centro de Admisión a Residencias, Sánchez Picado, y Colonia Gutiérrez y el Programa de Libertad Asistida, que acompaña a los jóvenes tutelados pero que se encuentran conviviendo con su familia. Por ultimo debemos mencionar algunas intervenciones en las que se otorgan subsidios, se les paga a los jóvenes hoteles, o se los incluye en talleres de capacitación laboral.

        De los Institutos descriptos todos funcionan con la misma lógica, es decir son institutos de seguridad, con rejas y reglas casi idénticas a las de las unidades penitenciarias de adultos. Los jóvenes allí alojados quedan las 24 hs. al “cuidado” del personal de seguridad, con intervenciones disímiles y acotadas de operadores convivenciales o educativos, variando estas de acuerdo al instituto del que se hable y siendo miradas las mismas con mucho recelo por el personal de seguridad que teme la perdida de poder casi total que posee en la institución. Se supone que existe ya hace mucho tiempo un proyecto de correr a la guardia de seguridad para que realicen una guardia perimetral y el cuidado de los jóvenes quede en manos de operadores, pero el avance del proyecto es sumamente lento y resistido por la guardia.

        En cuanto a las Residencias Educativas, dispositivos convivenciales (de semilibertad) alternativos al encierro, poseen un cupo alarmantemente limitado de ingresos y continúan sin ofrecer dispositivos similares a los menores de 16 años y a las adolescentes mujeres para las que solo se ofrece como alternativa, el Instituto Inchausti y/o el programa de libertad asistida.

        Respecto del Programa de Libertad Asistida, si bien el mismo posee actualmente capacidad de intervención, se encuentra limitado a un radio geográfico exiguo, no interviniendo con los jóvenes que se encuentran a mas del mismo. Asimismo es un programa integrado casi exclusivamente por profesionales de la Psicología, no cubriendo por lo tanto, o haciéndolo desde el sentido común, un tema tan importante como la inclusión del joven en el medio social, tarea esta que debería estar a cargo de Trabajadores Sociales en un trabajo interdisciplinario con los Psicólogos.

        El resto de las intervenciones, en cuanto a subsidios, hoteles o talleres son discrecionales, sin encontrarse fundadas en algún programa, y en una intervención aparentemente impulsada por la “buena voluntad de los trabajadores”.

        Respecto de otras áreas de la Secretaria Nacional, es extremadamente alarmante el silencio del área de comunicación institucional, que depende directamente de la Secretaria, quien no emite opinión en temas de una alta relevancia social como es el de los jóvenes en conflicto con la ley penal.

            A modo de ejemplo debemos mencionar la postura de los medios masivos de comunicación ante los hechos de violencia a los que hacen referencia a diario. Respecto de esa violencia cotidiana en la que nos vemos inmersos como sociedad, donde solo a modo de ejemplo podemos citar el aumento de la violencia domestica, o la situaciones que se planteas a diario en el desenvolvimiento del transito en todo el territorio del país, y mas claramente en las grandes urbes. En relación a este tema se producen a diario hechos de violencia y es alarmante la cantidad de muertes por efecto del transito. Pero es respecto de los delitos cometidos por los jóvenes donde los medios masivos de comunicación hacen hincapié hasta el hartazgo sindicándolos como los causantes de la mayor violencia a la que somos expuestos, es mas ante un mismo hecho delictivo cometido con violencia por un mayor y otro por un menor, es este último el que se lleva un análisis mas exacerbado en los calificativos utilizados por los medios masivos. No se pretende con este análisis minimizar la violencia de algunos hechos cometidos por los jóvenes, sino resaltar una situación que por lo menos es llamativa.

    Mas llamativo aun, es el silencio de la Secretaria que no da su versión, ni intenta siquiera ser tenida en cuenta, como palabra más que autorizada a la hora de analizar los conflictos de los jóvenes con los cuales interviene y supuestamente defiende.

        En lo que acabamos de describir, insistimos sin animo de ser exhaustivos, se puede ver que contamos con una ley inaplicable si pretendemos manejarnos en el marco del respeto a la Convención sobre los Derechos del Niño, pero que la ausencia de políticas de estado que deberían llevarse a cabo desde la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia es alarmante. La ley 22.278 en ningún artículo impide que la Secretaria tome un rol protagónico, en la oferta de programas y dispositivos que mejoren las condiciones en las que se encuentran los jóvenes.

        En este contexto, debemos preguntarnos que esperamos de una nueva Ley Penal Juvenil, por supuesto que debería traer mejoras en lo que respecta a las garantías procesales de los jóvenes, achicar el margen de discrecionalidad con el que se manejan actualmente los Juzgados de Menores, que se producirá una adecuación normativa respecto de la Convención vigentes, las Reglas de Beijing, Directrices de Riad,  por lo tanto no nos queda mas que celébrala, pero con esto no se arregla mucho en la medida en que subsista una situación de ausencia de políticas de parte de la Secretaria, en tanto esta no impulse nuevos proyectos y mejore considerablemente los existente.

        No caigamos en la lógica imperante en nuestra sociedad, donde nos venden el discurso de que todo se arregla con una nueva ley, esto es imposible, y nos sobran ejemplos. Sin políticas claras, contundentes y eficaces de parte de la Secretaria Nacional de Niñez Adolescencia y familia solo va a ser una nueva ley a incumplir.



        Debemos comenzar nuestro análisis, que no tiene la intención de ser exhaustivo,  por describir cual es la situación actual de la legislación penal de los jóvenes menores de 18 años y cual es el contexto social en el que la misma se aplica. Finalmente en el encuadre de situación es de suma importancia el papel que cumple la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia a través del Programa Nacional de Justicia (PRONAJU), para poder evaluar los programas que ofrece, la calidad de los mismos, y en general los recursos ya sea de dispositivos de asistencia, alternativos al encierro, o la situación de los Institutos de Menores.

        La situación de los jóvenes en conflicto con la ley penal, se encuentra actualmente regulada por la ley 22.278, norma esta sancionada en plena Dictadura Militar, y que se enrola en el paradigma del patronato vigente por entonces, dándoles a los jóvenes la calidad de objetos de derecho, ya que se inspira en la ya derogada Ley Agote (10.903), otorgándoles a los magistrados amplísimas facultades tutelares. Esta norma debería haber sido derogada a principios de los años 90, ya que en 1990 entra en vigencia en nuestro país, la Convención Sobre los Derechos del Niño, tratado que colisiona abiertamente con la citada ley. Mas grave fue aun, a partir del  año 1994, en el marco de la Reforma Constitucional, se le otorga a varios tratados, entre los que se encuentra la citada Convención,  rango constitucional, contemplándolos en el articulo 75 inciso 22 de la reformada Constitución, pero aun así y a pesar de los discursos, la ley 22.278 continua vigente en la actualidad, chocando ya no solo con la Convención, sino también con nuestra Constitución Nacional.

        A nivel nacional la justicia de menores esta organizada por Juzgados de Menores (integrados por un solo Juez, encargados de la investigación del hecho y aun del juicio en los hechos con pena menor a 3 años) y por los Tribunales de Menores (integrados por tres Jueces, que llevan adelante los juicios a los jóvenes). Internamente tanto el Juzgado como el Tribunal poseen como mínimo dos secretarias, una Actuaria (encargada de investigar el hecho y/o realizar el juicio) y la otra Tutelar (es la que dispone a los jóvenes). Es precisamente en el uso de las facultades tutelares otorgadas a los magistrados, donde se provocan la mayor cantidad de abusos y afectaciones de derechos constitucionales y violación de Tratados Internacionales (entre los que debemos citar mas allá de la Convención, las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), por parte de los Jueces de Menores. La metodología es disponer al joven, que se encuentra, según los criterios judiciales, en alguna de las situaciones descriptas por la norma, esto es en una situación “de abandono, falto de asistencia, en peligro moral o material o que presenta problemas de conducta” y fundado en ellas, el Juez puede entrometerse en la vida de joven y su familia, ordenando un tratamiento que puede llegar aun a su “internación” en institutos de seguridad, sin plazos de ningún tipo y dependiendo de la “discrecionalidad” de las secretarias tutelares de los Juzgados.

        Es aun mas clara la vulneración de derechos de los jóvenes sometidos a procesos judiciales, que se encuentran comprendidos en la franja  de los no punibles, es decir los que se encuentran acusados de cometer un delito y son menores de 16 años o los menores de 18 acusados de cometer hechos con pena menor a 2 años o delitos de acción privada. En este caso los juzgados se limitan a comprobar el delito en el expediente que tramita en la secretaria actuaría (la que investiga el hecho) y el expediente se cierra ya que el joven por su edad o por el hecho, es no punible, pero sigue interviniendo la Secretaria Tutelar del Juzgado, quien tiene la facultad de disponer al joven, ordenando algún tratamiento que puede incluir aun la internación en el Instituto San Martín, instituto este con un régimen semejante a los Institutos Rocca, Agote, Belgrano e Inchausti, es decir con rejas por doquier y personal de seguridad, para “cuidar” a adolescentes que no tienen causa penal en tramite.   

        Es en función de esta situación descripta, que a raíz del plateo de un Habeas Corpus presentado por Fundación Sur, ante la situaron irregular de “internación” de los adolescentes alojados en el Instituto San Martín, la Cámara de Casación Penal, en el mes de diciembre del 2007, dándole la razón a la citada Fundación, se pronunció sobre esas “internaciones irregulares” ordenando que en un plazo de 90 días, se disponga el egreso de los jóvenes alojados en el Instituto San Martín y en el peor de los casos se de intervención a la Justicia Civil, para que a través de la ley 26.061, disponga de ser necesario una medida excepcional, esto es la internación del joven, medida esta que debe ser fundada y tiene un plazo de 90 días, y su renovación debe también fundarse.  Ante este fallo, el representante de Ministerio Publico Fiscal, apelo la medida, y la Corte Suprema ante ese planteo suspendió el fallo de Casación hasta que se expida sobre el fondo de la cuestión, quedando por lo tanto la situación en el estado anterior al Habeas Corpus.

        Respecto del contexto social donde todo esto se desenvuelve, resulta hoy imposible no hacerse cargo del criterio seleccionador con el que se maneja el derecho penal, herramienta de control social por excelencia, que apunta toda su furia a los sectores más bajos de nuestra sociedad. Los jóvenes a los que selecciona provienen de los sectores excluidos, que mas sufrieron las políticas neoliberales que fragmentaron nuestra sociedad. Son jóvenes expulsados del sistema educativo, que tienen carencias de todo tipo, que no consiguen trabajo, y que se criaron en la cultura del destrabajo por la que atravesó nuestro país en las ultimas dos décadas. La falta o escases de políticas de niñez, tanto para la restitución de derechos como para intentar un trabajo preventivo, que le de opciones a nuestros jóvenes, concluyen en la receta que venimos aplicando desde hace décadas, la mágica solución pasa por el derecho penal, viene a solucionar los conflictos con sus herramientas represivas, en pocas palabras se intenta solucionar los conflictos de la exclusión con cárcel y control social.

        En el análisis que venimos llevando adelante nos queda evaluar cual es la actuación de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia a través del PRONAJU, en relación a los jóvenes en conflicto con la ley penal.

        El PRONAJU, cuenta con distintas alternativas para ofrecerle a los jueces ante la disposición tutelar de un joven, entre ellas se encuentran bajo su orbita los Institutos de Menores, Belgrano, San Martín, Agote, Inchausti y Rocca en el que también funciona  el Centro de Admisión Penal. En cuanto a los dispositivos abiertos, se encuentran las Residencias Educativas que son Almafuerte, Centro de Admisión a Residencias, Sánchez Picado, y Colonia Gutiérrez y el Programa de Libertad Asistida, que acompaña a los jóvenes tutelados pero que se encuentran conviviendo con su familia. Por ultimo debemos mencionar algunas intervenciones en las que se otorgan subsidios, se les paga a los jóvenes hoteles, o se los incluye en talleres de capacitación laboral.

        De los Institutos descriptos todos funcionan con la misma lógica, es decir son institutos de seguridad, con rejas y reglas casi idénticas a las de las unidades penitenciarias de adultos. Los jóvenes allí alojados quedan las 24 hs. al “cuidado” del personal de seguridad, con intervenciones disímiles y acotadas de operadores convivenciales o educativos, variando estas de acuerdo al instituto del que se hable y siendo miradas las mismas con mucho recelo por el personal de seguridad que teme la perdida de poder casi total que posee en la institución. Se supone que existe ya hace mucho tiempo un proyecto de correr a la guardia de seguridad para que realicen una guardia perimetral y el cuidado de los jóvenes quede en manos de operadores, pero el avance del proyecto es sumamente lento y resistido por la guardia.

        En cuanto a las Residencias Educativas, dispositivos convivenciales (de semilibertad) alternativos al encierro, poseen un cupo alarmantemente limitado de ingresos y continúan sin ofrecer dispositivos similares a los menores de 16 años y a las adolescentes mujeres para las que solo se ofrece como alternativa, el Instituto Inchausti y/o el programa de libertad asistida.

        Respecto del Programa de Libertad Asistida, si bien el mismo posee actualmente capacidad de intervención, se encuentra limitado a un radio geográfico exiguo, no interviniendo con los jóvenes que se encuentran a mas del mismo. Asimismo es un programa integrado casi exclusivamente por profesionales de la Psicología, no cubriendo por lo tanto, o haciéndolo desde el sentido común, un tema tan importante como la inclusión del joven en el medio social, tarea esta que debería estar a cargo de Trabajadores Sociales en un trabajo interdisciplinario con los Psicólogos.

        El resto de las intervenciones, en cuanto a subsidios, hoteles o talleres son discrecionales, sin encontrarse fundadas en algún programa, y en una intervención aparentemente impulsada por la “buena voluntad de los trabajadores”.

        Respecto de otras áreas de la Secretaria Nacional, es extremadamente alarmante el silencio del área de comunicación institucional, que depende directamente de la Secretaria, quien no emite opinión en temas de una alta relevancia social como es el de los jóvenes en conflicto con la ley penal.

            A modo de ejemplo debemos mencionar la postura de los medios masivos de comunicación ante los hechos de violencia a los que hacen referencia a diario. Respecto de esa violencia cotidiana en la que nos vemos inmersos como sociedad, donde solo a modo de ejemplo podemos citar el aumento de la violencia domestica, o la situaciones que se planteas a diario en el desenvolvimiento del transito en todo el territorio del país, y mas claramente en las grandes urbes. En relación a este tema se producen a diario hechos de violencia y es alarmante la cantidad de muertes por efecto del transito. Pero es respecto de los delitos cometidos por los jóvenes donde los medios masivos de comunicación hacen hincapié hasta el hartazgo sindicándolos como los causantes de la mayor violencia a la que somos expuestos, es mas ante un mismo hecho delictivo cometido con violencia por un mayor y otro por un menor, es este último el que se lleva un análisis mas exacerbado en los calificativos utilizados por los medios masivos. No se pretende con este análisis minimizar la violencia de algunos hechos cometidos por los jóvenes, sino resaltar una situación que por lo menos es llamativa.

    Mas llamativo aun, es el silencio de la Secretaria que no da su versión, ni intenta siquiera ser tenida en cuenta, como palabra más que autorizada a la hora de analizar los conflictos de los jóvenes con los cuales interviene y supuestamente defiende.

        En lo que acabamos de describir, insistimos sin animo de ser exhaustivos, se puede ver que contamos con una ley inaplicable si pretendemos manejarnos en el marco del respeto a la Convención sobre los Derechos del Niño, pero que la ausencia de políticas de estado que deberían llevarse a cabo desde la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia es alarmante. La ley 22.278 en ningún artículo impide que la Secretaria tome un rol protagónico, en la oferta de programas y dispositivos que mejoren las condiciones en las que se encuentran los jóvenes.

        En este contexto, debemos preguntarnos que esperamos de una nueva Ley Penal Juvenil, por supuesto que debería traer mejoras en lo que respecta a las garantías procesales de los jóvenes, achicar el margen de discrecionalidad con el que se manejan actualmente los Juzgados de Menores, que se producirá una adecuación normativa respecto de la Convención vigentes, las Reglas de Beijing, Directrices de Riad,  por lo tanto no nos queda mas que celébrala, pero con esto no se arregla mucho en la medida en que subsista una situación de ausencia de políticas de parte de la Secretaria, en tanto esta no impulse nuevos proyectos y mejore considerablemente los existente.

        No caigamos en la lógica imperante en nuestra sociedad, donde nos venden el discurso de que todo se arregla con una nueva ley, esto es imposible, y nos sobran ejemplos. Sin políticas claras, contundentes y eficaces de parte de la Secretaria Nacional de Niñez Adolescencia y familia solo va a ser una nueva ley a incumplir.

Autora / fuente:
Leonardo Martínez (Abogado)
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Nombre: Lic. Coronel 28/08/2009
Comentario: Yo trabajo en la residencia educativa sanchez picado y me parece bastante limitado el analisis sobre los dispositivos con los que cuenta PRONAJU
 
     
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